En relación al Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el próximo día 1 de octubre, los mayores pertenecientes a CCOO y UGT, queremos hacer oír nuestra voz ante la sociedad, para denunciar las injusticias que se cometen con el colectivo que representamos y a la vez exponer nuestras propuestas.
Los recortes se han instalado en la agenda del Gobierno y los primeros en sufrirlos mes tras mes, hemos sido el colectivo de mayores, un colectivo que es muy vulnerable a estas políticas. El número de hogares españoles con todos sus miembros en paro que sobreviven gracias a la pensión de un jubilado se ha triplicado desde 2008 y asciende ya a más de 300.000. En uno de cada cinco hogares con todos sus miembros en paro vive alguna persona mayor de 65 años, que todos ellos sobreviven gracias a la pensión del mayor.
Los mayores somos un importante capital humano y un recurso de experiencia que ninguna sociedad debe, ni puede, permitirse el lujo de ignorar. Mas cuando la población con una edad igual o superior a los 65 años no ha hecho sino incrementar su peso relativo en el conjunto de la población, pasando de significar el 11,2 por ciento de ésta en 1981 a configurar el 17, 4 por ciento en 2011, lo que supone 6,2 puntos porcentuales en los últimos 30 años; pero también es preciso subrayar que en ese mismo periodo, el Producto Interior Bruto de España creció en un 81,3 por ciento, lo que, de existir unas políticas redistributivas lo suficientemente equitativas, debería satisfacer sobradamente las necesidades derivadas de esa nueva realidad demográfica.
La reformulación de la Ley de Atención a las personas en situación de dependencia pervierte uno de los objetivos de la ley (su carácter preventivo), lo que significará un incremento de las personas en esta situación, a la par que considera como colectivo no prioritario a las personas con dependencia moderada, cuya incorporación al sistema se suspende hasta el año 2015. Muchas personas y familias, por lo tanto, quedan relegadas de su derecho lo que, sin duda, agravará la situación de estas personas de una manera mucho más rápida e intensa.
A ello hay que añadir la reducción de la cuantía de las prestaciones por cuidados en el entorno familiar (ya muy exigua), en un 15%, profundizándose de esta manera en las situaciones económicas vulnerables, tanto de las personas dependientes como de sus entornos familiares.
Como defensores de lo Público, podemos decir que el sector privado en la prestación de servicios a los dependientes está creciendo en detrimento del sector público que se verá reducido al máximo en un futuro no muy lejano. Lo que puede conllevar que la persona deje de recibir plaza pública (Residencias, Centros de Día, Servicio de Ayuda a Domicilio) para pasar a percibir una prestación vinculada al servicio del sector privado, teniendo que asumir de esta manera un mayor gasto por las familias.
Especialmente graves resultan los recortes sufridos en sanidad, por sus repercusiones negativas en la salud y el bienestar de las personas mayores. En este sentido, tiene especial impacto la extensión del copago farmacéutico al colectivo de pensionistas con una definición además regresiva, el medicamentazo que retiró de la financiación pública más de 450 fármacos de bajo coste y, más recientemente, la inclusión del copago de parte de los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias, para enfermos crónicos sin hospitalización, que entrará en vigor en octubre y constituye un ineficaz e inapropiado procedimiento de control de gasto en farmacia hospitalaria, además de gravar económicamente al paciente. Todas estas medidas, ajenas al criterio terapéutico, obedecen a objetivos de ahorro en el gasto público, que se transfieren como gasto al bolsillo de los ciudadanos.
Estas medidas son inasumibles para unos colectivos cuya economía es escasa y, consecuentemente, afecta de forma directa a toda la población, aunque con mayor incidencia en personas dependientes, enfermos crónicos y mayores. La exclusión de fármacos de la financiación pública está provocando, en ocasiones, un incremento del precio de los mismos en su venta libre, al tiempo que, en otros casos, son sustituidos por otros similares aún financiados por la Seguridad Social que son, a menudo, más caros. El "pretendido ahorro" de esta medida puede, por tanto, no existir, al margen del perjuicio final generado para muchos ciudadanos en una materia, tan relevante, como su salud.
Entendemos que las pensiones públicas juegan un papel fundamental en la demanda interna de bienes y servicios de nuestro colectivo, contribuyendo al crecimiento y reactivación de la economía y asegurando un nivel de vida digno y de calidad.
Las políticas de bajos salarios y destrucción de empleo van claramente contra el sistema de pensiones de nuestro país, pues se sufraga por cotizaciones provinentes del trabajo lo que hace que al disminuir las rentas del trabajo, disminuyen también los ingresos a la Seguridad Social. Los que buscan debilitar los sistemas públicos de protección social, para sustituirlos por sistemas privados proporcionados por el sector financiero, que excluyen a la mayoría de la población tienen intereses muy distintos del interés general.
Nosotros queremos dejar claro que el auténtico reto para la sostenibilidad futura del sistema de pensiones y para su suficiencia está en el empleo con derechos, en la cantidad y calidad del empleo y en la cuantía de los salarios.
Los ingresos provenientes de las pensiones han cobrado un mayor protagonismo en las economías familiares, pasando a ser el ingreso principal del 31,4 por ciento de los hogares españoles, y de un 27,3 por ciento en el caso de que el sustentador principal sea una persona mayor de 64 años (sea o no pensionista).
Es cierto que la esperanza de vida es mayor, y que eso no solamente incrementará el número de pensionistas, sino que también incrementará sus necesidades de atención y cuidado y que por tanto repercutirá en otro tipo de gastos de carácter socio sanitario. Pero no es menos cierto que nuestro sistema público de pensiones es viable y sostenible y que los servicios socio sanitarios pueden ser soportados desde los presupuestos públicos siempre que haya una fiscalidad eficiente y basada en criterios de equidad y realmente redistributivos.
Con estos datos podemos concluir que no se cumple con lo establecido en el Art. 50 de nuestra Constitución: Los poderes públicos garantizaran mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Por todo ello hoy día 1 de Octubre, el colectivo de mayores de UGT y CCOO queremos alzar nuestra voz y reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones:
Garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones a través de su revalorización anual. Por ello rechazamos la reducción del poder adquisitivo de los pensionistas que se deriva de la reforma de pensiones planteada ahora por el Gobierno y exigimos la recuperación del IPC perdido por los pensionistas del año 2011 y 2012. Con ello evitaremos un empobrecimiento progresivo de nuestros pensionistas. En la actualidad, se cifra en más de cuatro millones de Pensionistas los que están por debajo del umbral de la pobreza
Derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico injusto y regresivo, etc.
Corrección de las reformas y recortes en Dependencia y puesta en marcha de medidas que garanticen un nivel de prestaciones de servicios sociales suficientes y adecuados a las necesidades de la población que los necesita.
Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud adecuada de todas las administraciones que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. Reivindicamos la especialidad de Geriatría/Gerontología con programas de atención primaria junto a los programas de atención domiciliaria, con rehabilitación y programas sociales así como la aplicación de cuidados subespecialidados a las personas mayores que tienden a ser frágiles. En este contexto, fragilidad se entiende como la tendencia de las personas mayores a sufrir numerosos problemas médicos y sociales.
Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras.
Que se aumenten la partida para los Servicios Sociales, para prestar más y mejor atención a los mayores con necesidades que son uno de los colectivos que menos posibilidades tienen y peor están soportando la crisis.
Políticas que tiendan a disminuir los tiempos de espera para pruebas médicas y hospitalarias (prevención). De no hacerse, se está acortando la esperanza de vida de los mayores.
Trabajaremos por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, cuyos resultados nos han abocado a un aumento de la desprotección social, un aumento del empobrecimiento, mayor desempleo con un agravamiento de la crisis y sus consecuencias. Haciéndose necesario para ello unos Servicios Públicos garantes de cohesión social, que reactiven el crecimiento económico y favorecedores de empleo para lograr una salida más rápida y justa de esta crisis.
